Ponferrada celebra el Día de la Policía Nacional con un reconocimiento a sus agentes y un balance de seguridad estable
02/10/2026
La Fiscalía del Área de Ponferrada solicita cinco años de cárcel para el que fuera presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad del Bierzo, AMBI, al que atribuye un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de acoso sexual.
Según el escrito de acusación provisional, el acusado habría mantenido durante una década, entre enero de 2008 y enero de 2018, un sistema por el que determinados empleados tenían que devolver parte del salario cobrado. La acusación sostiene que esta práctica afectaba sobre todo a trabajadores con jornada completa que superaban los 1.200 euros netos y a personas con media jornada que percibían más de 600 euros.
Una presunta devolución irregular de salarios
El Ministerio Público indica que el dinero se recuperaba de distintas maneras: mediante sobres con parte del sueldo previamente retirado o a través de reintegros en efectivo que los trabajadores debían entregar en las oficinas de la entidad al acusado o a personas de su confianza.
En el escrito se identifican varios empleados presuntamente afectados y se cifra en 84.792 euros la responsabilidad civil reclamada por salarios no percibidos e indemnizaciones. La Fiscalía pide que esa cantidad sea abonada solidariamente por el acusado y las entidades mercantiles consideradas responsables civiles subsidiarias.
La otra acusación: acoso sexual a una trabajadora
El procedimiento incluye además una acusación por acoso sexual relacionada con una trabajadora. Siempre según la Fiscalía, el exresponsable de AMBI habría intentado iniciar una relación sentimental con ella y, tras su negativa, no le renovó el contrato. La denunciante acudió a la Policía a finales de diciembre de 2017.
Por este segundo delito, el Ministerio Público reclama 14 meses de multa con una cuota diaria de diez euros. Para el delito contra los derechos de los trabajadores pide cinco años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, una multa de doce meses y el pago de las costas.
El juicio está señalado para los días 6 y 7 de octubre en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León, donde deberán acreditarse o descartarse los hechos recogidos en la acusación.
