El Pleno de Ponferrada aprueba la cesión de suelo en La Rosaleda para construir 80 viviendas protegidas

El Pleno del Ayuntamiento de Ponferrada ha dado luz verde a la cesión de una parcela municipal en el barrio de La Rosaleda a la Junta de Castilla y León para la construcción de 80 viviendas de protección pública. Este proyecto, que será gestionado a través de Somacyl y estará destinado principalmente al alquiler joven, busca dar respuesta a la demanda de inmuebles accesibles en la capital berciana, materializando así el primer paso administrativo para su futura ejecución.

El acuerdo plenario salió adelante con el respaldo del equipo de gobierno y el apoyo de Vox, cuyos representantes enmarcaron la medida bajo criterios de «prioridad nacional». Por su parte, el grupo socialista votó en contra de la propuesta. El terreno cedido, una parcela que abarca más de 2.300 metros cuadrados, pasará ahora a disposición de la administración autonómica, que asumirá la responsabilidad de redactar, financiar y desarrollar la obra.

Con esta iniciativa, el consistorio ponferradino pretende dotar a la ciudad de nuevas opciones habitacionales que funcionen no solo como una política residencial, sino también como una herramienta estratégica para fijar población en la comarca y frenar el éxodo juvenil.

Alegaciones vecinales y próximos pasos

Pese a que la cesión del suelo ya ha sido avalada, el proyecto habitacional se encuentra aún en una fase preliminar. La administración debe determinar próximamente aspectos clave que interesan a los potenciales beneficiarios, como los plazos para el inicio de las obras, las características constructivas de los inmuebles y los requisitos legales para optar a la adjudicación.

De forma paralela, el avance del expediente ha generado reacciones en el propio entorno urbanístico. Recientemente, residentes de La Rosaleda han presentado alegaciones contra el proyecto, cuestionando la ubicación elegida debido a las posibles complicaciones derivadas del aumento de tráfico en el área. El Ayuntamiento ha confirmado que estudiará y analizará rigurosamente las reclamaciones presentadas, aunque mantiene y defiende la necesidad imperativa de ampliar la oferta de vivienda protegida para aliviar la tensión del mercado inmobiliario local.