El Ayuntamiento de Ponferrada pondrá en marcha de forma efectiva a partir del próximo mes de octubre la ordenanza reguladora de la Inspección Técnica de Edificios (ITE), una herramienta normativa largamente demandada para censar, vigilar y garantizar la conservación y seguridad estructural del parque inmobiliario de la ciudad. El reglamento municipal encara su entrada en vigor tras haber superado el periodo reglamentario de información pública sin que se haya registrado ninguna alegación ni objeción ciudadana, culminando así la tramitación administrativa iniciada tras su aprobación plenaria.
Intervenciones de urgencia y ejecución subsidiaria
El despliegue de la ITE dotará al área municipal de Urbanismo de cobertura jurídica para intervenir en inmuebles y solares que presenten deficiencias graves o amenacen la seguridad vial y peatonal. El consistorio ha establecido ya prioridades de actuación ante la inacción prolongada de propietarios de parcelas y construcciones en estado de deterioro.
Entre los casos más urgentes figura el solar del antiguo aparcamiento de Martínez Núñez, contiguo a la iglesia de San Ignacio, donde el colapso de los muros perimetrales ha generado riesgos hacia la vía pública. El Ayuntamiento ha cursado orden de ejecución a la propiedad para que proceda a la retirada de escombros y al levantamiento de un muro de contención. De no acometerse los trabajos en el plazo concedido, la administración municipal activará la imposición de multas coercitivas o la ejecución subsidiaria con cargo a los titulares.
Control de inmuebles en situación de ruina
En una tesitura semejante se encuentra la edificación situada en la avenida de Compostilla, declarada oficialmente en ruina económica y urbanística desde hace tres años. Ante el estado del inmueble y los posibles peligros para los viandantes, el consistorio ha encargado a un gabinete técnico un dictamen especializado para planificar las condiciones de seguridad previas a una demolición controlada.
Con la entrada en vigor de la ordenanza en octubre, Ponferrada busca exigir de forma sistemática el deber legal de conservación de las edificaciones privadas, previniendo derrumbes fortuitos y evitando que la dejadez en construcciones antiguas traslade costes inasumibles o riesgos constantes al entorno urbano.





