PP y VOX rechazan la propuesta de UPL para mantener separadas las aulas de Infantil del CEIP Piñera de Vega de Espinareda
17/10/2026
El Partido Comunista de España (PCE) en El Bierzo ha cuestionado duramente el reciente acuerdo para la construcción de 80 viviendas protegidas en el barrio de La Rosaleda, en Ponferrada. Esta medida, que ha sido impulsada por Vox y respaldada en el Pleno municipal por el Partido Popular (PP) y Coalición por El Bierzo (CxB), incorpora como requisito ineludible un mínimo de diez años de empadronamiento.
La formación de izquierdas advierte que esta condición, disfrazada de «prioridad nacional», dejará fuera a un gran número de personas, afectando especialmente a los jóvenes que han tenido que desarrollar sus estudios o su carrera profesional fuera de la comarca. Según el partido, esta medida funciona como propaganda ideológica, creando situaciones donde un ciudadano nacido en El Bierzo que lleve dos años trabajando fuera quedará excluido, mientras que alguien con una década de empadronamiento sí podrá optar al recurso.
La vivienda debe ser un derecho, no un motivo de competencia
Para el PCE de El Bierzo, instaurar este tipo de filtros fomenta una competencia directa e injusta entre la clase trabajadora por un bien público que ya es escaso. Desde la organización insisten en que los criterios para acceder a una vivienda de protección oficial deben basarse estrictamente en la necesidad económica y habitacional, sin importar el origen o el tiempo de registro en el padrón. «Berciano es quien vive y trabaja en El Bierzo», han reivindicado, recordando que tanto las familias que desean regresar como los trabajadores llegados de otras partes enfrentan idénticas dificultades de acceso.
Contradicciones políticas en el Congreso
El partido también ha puesto el foco en la contradicción de formaciones como PP y Vox. Mientras a nivel local exigen «prioridad nacional» para un parque público insuficiente, a nivel nacional acaban de votar en el Congreso de los Diputados en contra de dos decretos de vivienda del Gobierno. El PCE recuerda que votaron junto a la derecha independentista para tumbar medidas que buscaban prorrogar los alquileres, proteger frente a desahucios y limitar la especulación de los fondos buitre internacionales.
La organización concluye su comunicado exigiendo una política de vivienda pública permanente y suficiente. Subrayan que el problema real no proviene de quienes buscan un alquiler, sino de un modelo que convierte una necesidad básica en una mercancía y un negocio. En esta misma línea, el mensaje de su campaña gráfica es contundente: «¿Vivienda pública con prioridad nacional? La vivienda es un derecho, no una frontera».
