El portavoz de Coalición por El Bierzo en el Ayuntamiento de Igüeña y vocal de la Junta Vecinal de Espina de Tremor, Luis González, ha denunciado las dificultades que, según asegura, encuentra para acceder a la documentación necesaria antes de los plenos y ejercer sus funciones de control y fiscalización.
González sostiene que esta situación se mantiene desde hace años y obliga a la formación a reclamar de manera reiterada expedientes y documentos relacionados con los asuntos sometidos a debate y votación en las sesiones de la entidad local menor.
Una resolución de la Comisión de Transparencia
Coalición por El Bierzo recuerda que la Comisión de Transparencia de Castilla y León, mediante la resolución 203/2024, de 5 de julio, instó a la Junta Vecinal a facilitar una documentación solicitada por la formación.
Según explica el partido, la información fue entregada posteriormente, aunque de manera incompleta y con algunos documentos sin firmar ni sellar. La agrupación asegura que trasladó esta situación al Ayuntamiento de Igüeña y al Consejo Comarcal del Bierzo con el objetivo de solicitar la intervención de ambas instituciones.
Documentación reclamada tras el pleno del 31 de julio
La formación bercianista sitúa el último episodio en la preparación del pleno celebrado el 31 de julio de 2026. González afirma que solicitó previamente la documentación correspondiente a los diferentes puntos del orden del día, entre ellos el Plan de Seguridad y Salud de las obras de la calle La Peña, pero que no pudo consultarla antes de la sesión.
Ante esta situación, el vocal volvió a solicitar el 1 de agosto el acceso al expediente completo.
Coalición por El Bierzo considera que la falta de documentación previa dificulta el trabajo de los representantes de la oposición. “La oposición no está para levantar la mano y marcharse. Está para saber qué se hace, cuánto cuesta, por qué se hace, con qué dinero se paga y, para eso, hace falta la documentación oportuna”, señala la agrupación.
La formación sostiene que su petición no busca obtener un trato diferente, sino disponer de la información necesaria para conocer los asuntos que se someten a votación y fiscalizar la utilización de los fondos públicos. “No se trata de pedir privilegios. Se trata de poder saber qué se vota y, sobre todo, qué se está haciendo con el dinero público”, concluye.
