La Red de Municipios en Transición Justa-ACOM (MTJ-ACOM) de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha acordado trasladar a los grupos parlamentarios de las Cortes Generales la necesidad urgente de crear un fondo específico dotado de recursos estables para reactivar socioeconómicamente las comarcas afectadas por el cese de las actividades energéticas tradicionales. La propuesta ha sido ratificada durante la reunión de su Consejo de Gobierno celebrada en Igüeña (León), en la que se ha formalizado el documento marco que exige consolidar la transición justa como una política de Estado con dotación presupuestaria sostenida.
La presidenta de la red y alcaldesa de Ibias (Asturias), Gemma Álvarez, ha presentado la hoja de ruta institucional tras el encuentro, cuyo objetivo prioritario es entablar contacto directo con las fuerzas políticas parlamentarias para garantizar el respaldo financiero a estos municipios.
Cumplimiento de inversiones e impulso industrial
El texto aprobado por la representación local exige el cumplimiento estricto de los compromisos de inversión suscritos por las distintas administraciones en materia de empleo, desarrollo industrial y dotación de infraestructuras básicas. Para frenar la pérdida demográfica, la declaración insta a articular alianzas estratégicas entre empresas, universidades y administraciones públicas que impulsen proyectos de innovación, cualificación profesional y retención del talento joven.
Asimismo, los representantes locales han subrayado la urgencia de establecer un entorno atractivo que capte capital privado para diversificar el tejido productivo tanto en las cuencas mineras como en los entornos afectados por el cierre de centrales térmicas.
Evaluación técnica del Fondo de Transición Justa
Durante la jornada de trabajo en el municipio leonés, los miembros del Consejo de Gobierno han dedicado una parte central del debate a analizar la ejecución del actual Fondo de Transición Justa en las comunidades autónomas. La red ha demandado una evaluación técnica y rigurosa de su impacto real, destinada a verificar si los fondos asignados están generando alternativas laborales sólidas y oportunidades reales de futuro.
Para los municipios integrados en la red, asegurar servicios públicos de calidad y ofrecer certidumbre económica resultan condiciones indispensables para fijar población en los territorios que históricamente han garantizado el suministro energético del país.
