La Fiscalía ha pedido penas de hasta 21 años de prisión para los tres presuntos principales responsables de una trama dedicada a la falsificación y venta irregular de vino amparado por la Denominación de Origen Bierzo, además de otras figuras de calidad protegida.
Según la información conocida, el escrito de acusación afecta a siete personas que serán juzgadas en la Audiencia Provincial de León. Las mayores penas recaen sobre un matrimonio y su hijo, integrantes de una familia de origen orensano vinculada a varias sociedades del sector vinícola.
Una denuncia del Bierzo abrió la investigación
La causa se remonta a 2018, cuando la Denominación de Origen Bierzo detectó anomalías en contraetiquetas procedentes de una bodega situada en Cabañas Raras. A partir de esa denuncia se puso en marcha la operación Baco2019, desarrollada por la Guardia Civil y que permitió destapar una supuesta red de alcance nacional.
De acuerdo con la acusación, las empresas controladas por la familia habrían usado como vía de acceso al mercado berciano una sociedad con sede en Cabañas Raras para adquirir grandes cantidades de vino procedente de varias zonas de España, entre ellas Castilla-La Mancha, Valencia, Galicia y La Rioja, y después comercializarlas bajo denominaciones protegidas.
Etiquetas falsas y posibles riesgos para la salud pública
La Fiscalía sostiene que en la trama se utilizaron de forma irregular etiquetas, contraetiquetas y tirillas de control, atribuyendo a los productos orígenes y características que no les correspondían. También apunta a la intervención de dos enólogos, a quienes atribuye un papel en la adulteración de los vinos.
Entre las sustancias detectadas figura la natamicina, un antibiótico cuya presencia en estos productos sustenta uno de los delitos atribuidos contra la salud pública. Los hechos, según la investigación, fueron constatados por agentes del Seprona y por inspectores de la Xunta de Galicia y de la Junta de Castilla y León.
La causa incluye además a una imprenta de la provincia de Ourense, donde presuntamente se elaboraban las etiquetas y contraetiquetas utilizadas en el fraude, así como a otras empresas relacionadas con el embotellado y la distribución.
Además de las penas de cárcel, el Ministerio Público reclama responsabilidades civiles. Entre ellas figuran 284.000 euros para la DO Bierzo, 180.000 euros para la DO La Mancha y más de un millón de euros para el Itacyl por las botellas comercializadas bajo la IGP Vino de la Tierra de Castilla y León.
