Un expediente bajo examen casi dos décadas después
La Audiencia Provincial de León ha puesto el foco en una actuación municipal de 2007 que sigue proyectando consecuencias políticas y judiciales sobre Fabero. En el banquillo se sienta el exalcalde Demetrio Alfonso Canedo, acusado de prevaricación administrativa y falsedad documental por la adjudicación y certificación de una obra vinculada a la mejora del abastecimiento de agua.
Según la acusación pública, el núcleo del caso reside en la supuesta tramitación acelerada de una actuación que habría sido adjudicada y dada por finalizada en un margen mínimo de tiempo con el objetivo de justificar el cobro de una subvención de 40.000 euros. La investigación sostiene que la documentación municipal reflejó una ejecución formal de la obra que no se correspondía con la realidad material de los trabajos en ese momento.
La versión de la Fiscalía y el alcance de la causa
La Fiscalía mantiene que los documentos clave del expediente —desde la adjudicación hasta la recepción y la facturación— sirvieron para sostener administrativamente una actuación que, en los términos recogidos por la acusación, no estaba efectivamente ejecutada cuando se certificó. Por ello solicita para el exregidor una pena de tres años y medio de prisión, además de multa e inhabilitación para empleo o cargo público.
Durante la vista, el antiguo alcalde defendió que no hubo ánimo de beneficio personal y enmarcó lo sucedido en un contexto de urgencia municipal, marcado por problemas de abastecimiento tras un periodo de sequía. Su tesis pasa por presentar la decisión como una respuesta precipitada, pero orientada a evitar la pérdida de una ayuda económica que, a su juicio, resultaba necesaria para el municipio.
Una admisión que marca el juicio
Uno de los momentos más delicados del proceso llegó con el reconocimiento de que la obra fue recepcionada sin estar ejecutada en plazo. Esa afirmación introduce un elemento de especial relevancia jurídica, porque desplaza el debate desde una mera irregularidad administrativa hacia la posible conciencia de que la documentación firmada no se ajustaba al estado real de la actuación. La defensa, sin embargo, insiste en que el expediente debe interpretarse dentro de una práctica administrativa condicionada por los tiempos de la subvención y por necesidades vecinales inmediatas.
El procedimiento, además, vuelve a situar sobre la mesa una cuestión de fondo que trasciende a Fabero: hasta qué punto la presión por no perder fondos públicos puede empujar a una administración local a cruzar la línea entre la urgencia política y la legalidad. La sentencia deberá decidir ahora si aquellos actos de 2007 fueron una salida improvisada para resolver un problema municipal o una resolución arbitraria dictada al margen del ordenamiento.
