Ponferrada aprueba la inspección de edificios con las revisiones obligatorias que comenzarán por los inmuebles del siglo XIX

El Ayuntamiento de Ponferrada ha aprobado de forma definitiva la nueva ordenanza reguladora de la inspección de edificios, estableciendo un calendario escalonado que iniciará su aplicación práctica en 2027. Las primeras revisiones obligatorias para comprobar la seguridad y estado de conservación de los inmuebles se realizarán por orden cronológico, partiendo de los edificios construidos en el año 1899, a finales del siglo XIX. Esta fecha marca el punto de partida de un proceso que irá avanzando progresivamente hacia construcciones más recientes hasta abarcar el resto del parque inmobiliario del municipio.

La normativa, que obtuvo la aprobación inicial en la sesión plenaria del pasado 29 de mayo, ha superado el periodo de exposición pública sin recibir alegaciones. De este modo, el texto legal se eleva a definitivo, fijando la responsabilidad de encargar este trámite técnico en los propietarios de los inmuebles o en las comunidades de propietarios cuando se trate de bloques en régimen de propiedad horizontal. El objetivo central del Consistorio es garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad estructural, accesibilidad y evitar el deterioro progresivo del entramado urbano histórico y moderno.

Multas de hasta 10.000 euros y plazos de reparación

El nuevo marco regulador establece un estricto régimen sancionador para asegurar el cumplimiento de las normativas de conservación. Aquellos propietarios que eludan la obligación de someter sus edificios a la revisión técnica correspondiente podrán enfrentarse a multas económicas que oscilan entre los 1.000 y los 10.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción. Además, si el informe del técnico independiente detecta deficiencias estructurales o problemas graves de conservación, los titulares estarán obligados a acometer las reparaciones necesarias dentro de los plazos que determine la propia inspección.

Como contrapartida a estas exigencias ciudadanas, la ordenanza también contempla un paquete de incentivos. El documento abre la puerta a posibles bonificaciones en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), así como a una tramitación preferente de las licencias de obras que se deriven directamente de las intervenciones exigidas por la evaluación. No obstante, el texto municipal aclara que estos beneficios fiscales y administrativos no se aplicarán de manera automática tras la entrada en vigor de la norma, sino que estarán sujetos a evaluación individual.

Un calendario escalonado a partir de los 40 años de antigüedad

Tras superar la fase inicial de 2027 destinada a los edificios del siglo XIX (arrancando con los de 1899) y de principios del XX, la ordenanza estipula una norma general basada en la antigüedad de las construcciones. Según el articulado aprobado, la primera inspección deberá realizarse obligatoriamente durante el año natural siguiente a aquel en que el inmueble cumpla 40 años desde la fecha de su finalización.

Una vez superada esta revisión inicial que certifique el buen estado de la estructura, las cubiertas, las fachadas y las redes comunes, los edificios deberán renovar su certificado superando controles periódicos cada 10 años, consolidando así una cultura de mantenimiento preventivo y seguridad integral en la capital berciana.